Infojus: Siete años de esclavitud: piden enjuiciar a una pareja por trata laboral

El fiscal federal Federico Delgado pidió que se elevara a juicio una causa contra un matrimonio de bolivianos. Están acusados de explotar laboralmente entre 2007 y 2014 a dos menores de 14 y 16 años y a tres adultos en un taller clandestino en Parque Avellaneda que estaba “montado a espaldas de toda normativa municipal, laboral y previsional”.

Cuando la División Trata de Personas de la Policía Federal, junto a profesionales especializados, allanaron el taller textil que funcionaba en Parque Avellaneda en noviembre del año pasado, William estaba escondido debajo de una cama. En ese momento tenía 14 años y había llegado al país desde su Bolivia natal hacía 9 meses. Una pareja lo cooptó, trasladó y acogió para explotarlo laboralmente a él, a otro joven de 16 años y a tres adultos más. El fiscal federal Federico Delgado pidió que se elevara a juicio la causa en la que se investigan las responsabilidades de José Luis Churata Cruz y su mujer Cleta Compara Laimea, ambos nacidos hace 40 años en Bolivia.

El titular de la Fiscalía Federal Nº 6 los acusa del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por la multiplicidad de víctimas, por la relación familiar existente, por haberse consumado la explotación y por ser dos de sus víctimas menores de 18 años de edad.

Según se desprende del pedido de elevación -al que tuvo acceso Infojus Noticias-** el taller estaba “montado a espaldas de toda normativa municipal, laboral y previsional”. Delgado remitió este escrito al juez federal Luis Rodríguez el 27 de febrero. La resolución tiene 7 carillas y relata que la explotación se prolongó desde el año 2007 hasta el día 17 de noviembre de 2014. “El lugar se encontraba en paupérrimas condiciones de salubridad, en tanto se verificaron condiciones de hacinamiento y falta de higiene”, detalla.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia de una persona que contó que en la calle Moreto 1322 Churaza tenía un taller de costura donde trabajaban mujeres sin documentos, menores y que todos se encontrarían con su libertad restringida. Luego de comprobar parte de esa denuncia, el juez autorizó el allanamiento del que participaron funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño y las profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El pedido de elevación a juicio que lleva la firma de Delgado es categórico: “En el taller textil no existía  la autodeterminación”. Las víctimas no tenían llave para poder entrar y salir libremente de la vivienda. Cuando comían lo hacían sobre las máquinas de costura. Según el fiscal los imputados se valieron de los lazos familiares que los unían a algunas de las víctimas para captarlas, sin importar la edad con que contaran con el afán de maximizar el margen de ganancias.

Los menores, que no tenían estudios primarios, desconocían con precisión el monto que cobraban por las tareas realizadas. “No llevar consigo cuentas de lo adeudado en concepto de adelanto, constituye también un factor de explotación, en tanto la suma del dinero acumulado por la tarea realizada dependerá en su totalidad de lo que los encargados del taller dispongan de manera discrecional. El resguardo de los sueldos de los niños a cargo de los dueños del taller es también una forma de disponer de éstos para su explotación, en tanto no contaban con posibilidades de irse del lugar si así lo decidieran, cercenando de esta manera la autonomía económica y la capacidad de previsión y disposición sobre sus ganancias; zanjando aún más la dependencia de estos últimos respecto de los dueños del taller”, reportaron las profesionales de la Oficina de Rescate en su informe.

Además de promover el debate oral Delgado pidió que se tomen más testimonios para seguir investigando a la firma.

Vulnerabilidad

En un apartado dedicado a la calificación legal, el fiscal explica el significado de la palabra “vulnerar” para describir la situación que vivían las víctimas y cómo se volvieron permeables a los abusos de sus explotadores.

“Vulnerar viene del latín vulnerare y significa herir, dañar, ofender. Si trasladamos el concepto de vulnerar al ámbito de la trata de personas podemos afirmar que en el caso de la trata se hiere la subjetividad, se quiebra la capacidad de autodeterminarse, la chance de decidir porque hay una asimetría derivada de una situación de dominación anclada en el contexto socio económico que se traduce en que el dominante coloniza la subjetividad del dominado. Este se convierte en una cosa u objeto que responde a la voluntad del otro. La vulnerabilidad no tiene que ver necesariamente con violencia física, sino con una situación de subjetividad quebrada, con la negación del sujeto, ya que la persona se transforma en una mercancía explotada”, define.

Delgado destacó los informes de las especialistas de la Oficina de Rescate en los que se da cuenta que las historias de vida de las víctimas estaban cercadas por diversos factores de vulnerabilidad: procedencia de familias con carencias económicas y problemáticas de salud en sus lugares de origen, tareas laborales desde corta edad, con el consecuente abandono de estudios que implicó un bajo nivel de educación formal; aceptación y naturalización de condiciones de trabajo insalubres y abusivas para garantizar su subsistencia; desconocimiento total del régimen laboral vigente en el país y falta de una red social en la Argentina por fuera de los vínculos dentro del taller lo que generó dependencia absoluta respecto a los explotadores, que se constituyeron como únicos referentes locales de los cuales dependía su subsistencia.

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